El Tribunal advierte a Forcadell y Puigdemont de su deber de cumplir la ley
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. ALEJANDRO GARCÍA | ATLAS
El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado, por unanimidad y a petición del Gobierno, suspender de manera cautelar las dos resoluciones aprobadas en octubre en el Parlament con las que se abría la vía a la celebración de un referéndum de independencia en 2017, pese a las sentencias contrarias y advertencias previas del propio Tribunal Constitucional.
El Tribunal presidido por Francisco Pérez de los Cobos, advierte a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y a los demás miembros de la Mesa, así como al President de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los miembros del Consejo de Gobierno de su deber de “impedir o paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
La paralización cautelar es consecuencia directa del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que cuando el Gobierno central impugne ante el Constitucional alguna disposición o resolución de una comunidad autónoma, esta quedará suspendida de manera automática durante un plazo no superior a cinco meses.
El acuerdo del Constitucional, con forma de providencia, recuerda a Forcadell y Puigdemont su deber de "paralizar” cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Además, les apercibe de las “eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir”.
La Presidenta del Parlamento de Cataluña, los miembros de la Mesa del Parlamento y el secretario general de la Cámara autonómica tienen, a partir de ahora, veinte días, para emitir los informes “acerca de si las actuaciones parlamentarias que dieron lugar a la aprobación de la Resolución 306/XI”, han contravenido la sentencia del 2 de diciembre de 2015 que anulaba la declaración independentista del Parlament del 9 de noviembre del mismo año.
El pasado 19 de octubre, la Fiscalía se querelló contra Forcadell por permitir, el pasado 27 de julio, la votación sobre el proceso soberanista pese a la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. El ministerio público reprochó a la presidenta de la Cámara regional su "total desprecio" a la Constitución de 1978 y la acusó de usar "torticeramente" la presidencia del Parlament.
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